multas covid

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Los empleados públicos de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo podrán acceder a los distintos centros de trabajo para comprobar si cumplen con las medidas anti-Covid. Las multas por incumplimiento llegan hasta los 41.000 euros

El Gobierno tuvo que modificar el Real Decreto para habilitar a la Inspección de Trabajo y a los funcionarios de la Seguridad Social a llevar a cabo estas labores. La habilitación ha quedado publicada en el BOE.

Además de a estos dos organismos, también habilita a las Comunidades Autónomas para que controle la expansión del coronavirus en su territorio. La llegada de la nueva normalidad ya obliga a adoptar de manera individual medidas de protección.

Las labores de control llegarán a los centros de trabajo públicos, Administraciones donde los trabajadores son todos empleados públicos, y centros de trabajo privados. La denuncia de la Inspección de Trabajo se producirá cuando quede constancia de irregularidades y el responsable tendrá que abonar entre los 2.046 y los 40.985 euros.

La cantidad a pagar en concepto de multa dependerá de la gravedad de los hechos cometidos por las empresas.

Medidas de protección para los trabajadores

Las medidas de protección para los trabajadores que impulsa el Gobierno para la nueva normalidad son:

  • Distancia de seguridad entre trabajadores
  • Distancia de seguridad entre trabajadores y clientes
  • Disponibilidad en el centro de trabajo de medidas de protección como gel hidroalcohólico, guantes y mascarillas.
  • Medidas de ventilación y limpieza recomendadas
  • Ordenación de los puestos de trabajo
  • Organización de los turnos de los trabajadores para evitar aglomeraciones en espacios cerrados.

Infracción grave

Las consecuencias de la pandemia sanitaria del coronavirus en España son graves. A los miles de muertos hay que sumar ahora los rebrotes en algunas Comunidades Autónomas. Por eso, el Gobierno y la Seguridad Social consideran una infracción grave el que no se cumplan las medidas para proteger a los trabajadores.

Por esto, la responsabilidad de no proteger ni a empleados ni a usuarios, es siempre del empresario. En el caso de las Administraciones Públicas, las medidas impuestas son las que establece su funcionamiento interno sobre incumplimiento de medidas de riesgos laborales.

El Gobierno asegura que muchos de los últimos rebrotes se producen en centros de trabajo, al ser lugares cerrados donde confluyen muchos trabajadores al mismo tiempo.

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