Tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con carácter general se ha acordado la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos.

En concreto, la disposición adicional tercera del citado Real Decreto establece lo siguiente:

Suspensión de plazos administrativos

  1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
  2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos prevista en esta disposición adicional tercera ha sido aplicable a los plazos de presentación de solicitudes establecidos en las siguientes convocatorias:

Pocos días después, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, establecía una norma especial para recursos y señalaba en la disposición adicional octava, sobre la ampliación del plazo para recurrir:

El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa (…) se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma. (…).

Situación a partir del 1 de junio de 2020

El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19 señala en relación con los plazos:

“Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos administrativos. Desde esa misma fecha, el cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas”.

Por tanto:

1º. .

Si el cómputo del plazo suspendido se estableció en días, se reanudará el plazo por el número de días hábiles que restaran a fecha de 14 de marzo, día de la suspensión.

En la reanudación de plazos suspendidos, los días que resten en un plazo señalado en meses también se contarán como días hábiles.

2.º El plazo de un mes para la interposición de los recursos de alzada y reposición (artículos 122.1 y 124.1 de la LPACAP, respectivamente), comenzará a computarse íntegramente desde el 1 de junio de 2020. Se exceptúan de la regla anterior los plazos para la interposición de recurso especial en materia de contratación que no se consideran suspendidos y continúan computándose en los términos establecidos en la LCSP.

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