Pedro Sánchez

Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia su intención de eliminar el sistema de pensiones de más de 900.000 empleados públicos mediante el desmantelamiento de estas prestaciones a partir del día 6 de octubre. Este nuevo sistema de pensiones provoca, de momento, reacciones dispares.

La idea es derivar las competencias de Muface, Isfas y Mugaju a la Seguridad Social, de forma que las competencias de la Seguridad privada pasen a manos de la Administración pública.

Estos 900.000 funcionarios a los que afectará la eliminación del sistema de pensiones que ordena Sánchez son los denominados clases pasivas. Este sistema de pago de pensiones incluye a las clases pasivas, que son Muface para los empleados públicos civiles, Isfas para los trabajadores de Defensa y Mugeju para Justicia.

El periódico OkDiario publica un documento presentado por un funcionario usuario de una de estas mutuas, donde queda notificada la intención de terminar con el sistema de pensiones de clases pasivas con el que cuentan hasta ahora.

La idea es que a partir del día 6 de octubre, estas pensiones eliminadas serán parte de los trámites y la gestión de la Seguridad Social. Ya el día 20 de julio, noticiastrabajo.es publicaba la intención por parte del Gobierno de dar un hachazo a las pensiones de más de 900.000 funcionarios.

En el documento que aporta este conocido medio digital, aparece que “a partir del día 6 de octubre, las Subdelegaciones de Defensa dejarán de tramitar pensiones de familiares” así como que “viudas y huérfanos dejarán de ser competencia del Ministerio de Defensa” y de este modo, se hará cargo la Seguridad Social.

El nuevo sistema de pensiones para estos 900.000 trabajadores públicos sigue generando mucha incertidumbre.

Traspaso de la gestión de las prestaciones de las clases pasivas a la Seg Social

En el BOE publicado el pasado día 22 de abril, el Gobierno ya anunciaba su intención de traspasar la gestión de las prestaciones por pensiones de las clases pasivas a la Seguridad Social.

En ese momento, el sindicato mayoritario de los funcionarios públicos, CSIF se quejó de que no se hubiera contado con ellos. Hablaba de un proceso unilateral.

Desde el momento de la publicación en el BOE, los más de 900.000 funcionarios afectados vieron cómo perderían las posibilidades de solicitar la pensión por jubilación tal y como la tienen hasta ahora.

La idea es traspasar la gestión de las pensiones a la Seguridad Social, algo que las clases pasivas no encuentran justo, pues de este modo perderían antigüedad y otras ventajas. El Gobierno, insiste, lo hace con la finalidad de regular e igualar el gasto público.

Medida del Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud

La pandemia sanitaria del coronavirus trae de la mano distintos planes para la recuperación sanitaria y económica.  En este caso, es el Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud post-Covid19 el que avala las medidas restrictivas como la del paso de las pensiones de las clases pasivas a la gestión de la Seguridad Social.

La intención del Gobierno de PSOE y Podemos es la de reforzar la Sanidad pública. Para ello piden, en ese documento, la integración de la Sanidad privada en el sector público así como más control en la industria del medicamento.

El miedo a una segunda oleada del coronavirus, así como la aparición de rebrotes en distintos puntos de la geografía española, hacen que de nuevo el Gobierno plantee si los recursos con los que cuenta la Sanidad Pública en España son suficientes.

Representantes del CSIF mandaron una carta al ministerio de Sanidad, en concreto al ministro Salvador Illa, para pedirle que informe sobre el estado de las negociaciones en el caso de las mutuas sanitarias.

Esta medida sin duda se trataría de un gran hachazo a las pensiones de los más de 900.000 empleados públicos que a día de hoy viven con dicha incertidumbre ante la situación actual.

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